Paro de camioneros puso en jaque a la economía

Las principales ciudades empezaron a sufrir los efectos del paro, que ya cumplió 15 días. Foto: Rodolfo Gonzalez / Cambio

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Al menos 120 reuniones en seis años han sostenido los representantes del transporte de carga por carretera con funcionarios de alto nivel del Gobierno para resolver los diferentes problemas que aquejan a esta actividad, pero según los gremios del ramo estos encuentros siempre han terminado en acuerdos que nadie cumple.

El caso más critico, aseguran representantes de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), se presentó el 16 de junio cuando el presidente Uribe asumió una serie de compromisos con la condición de que los conductores finalizaran el primer paro de este año que, en efecto, duró sólo un día.

En esa oportunidad se definió un paquete de medidas que incluyó el reajuste en la tabla de fletes y la chatarrización inmediata de los vehículos viejos de carga pero sin reposición, pues el parque automotor ha crecido de manera desmesurada en los últimos años. También se acordó la estructuración de unas líneas de crédito por cuenta de Bancoldex para refinanciar las deudas atrasadas de los empresarios del transporte y darles un alivio financiero.

Un mes y medio después de terminar el primer paro, la paciencia de los camioneros se colmó y decidieron volver a frenar sus actividades pues, a su juicio, aunque el Gobierno tomó las medidas correspondientes estas solo quedaron sobre el papel. "Por eso buscamos que ahora se llegue a un acuerdo serio, pues se fijaron unos decretos que no son acatados", dice Nemesio Castillo, presidente de la ACC.

El representante de ese gremio hace referencia a una serie de reglamentaciones expedidas recientemente por el Ministerio de Transporte con las que ha buscado organizar de forma integral las relaciones económicas entre los generadores de la carga y los transportadores. Sin embargo, la normatividad distanció a las partes porque los camioneros dicen que no hay disposición de los industriales para cumplir con el Decreto 2663 del 21 de julio, el cual fijó los valores de los fletes.

La disposición señala que los generadores de la carga deben pagar un 12,5 por ciento más que el precio establecido por el Ministerio de Transporte mediante la tabla de fletes. Además, deben cancelar el servicio dentro de los ocho días siguientes a la prestación del mismo.

La medida profundizó una vieja polémica entre los industriales y los comerciantes, con las empresas de carga y los propietarios de los camiones. Estos últimos, históricamente, han pedido que se respete la tabla, mientras que los industriales y propietarios de la carga siempre han manifestado que los costos del servicio del transporte deben responder a las fuerzas del mercado, es decir, a la oferta y la demanda.

Por esa misma razón, en octubre de 2005, en septiembre de 2004 y en febrero de 2002 hubo paros camioneros. La parálisis del servicio también se remonta a septiembre de 2000, marzo de 1998, octubre de 1997 e igual mes de 1996. Aunque en esas ocasiones los camioneros argumentaron factores de inseguridad en las vías y cobros excesivos en peajes, también pusieron sobre el tapete el desacuerdo con los industriales que generan la carga por el valor de los fletes.

Industriales están molestos

Otra medida que hace parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con los camioneros generó malestar entre los industriales. Se trata del Decreto 2450, del pasado 4 de julio, que incrementó entre el doble y el triple el valor de la reposición de los vehículos de transporte de carga, lo que afecta a las empresas que por razones de eficiencia prefieren contar con automotores propios.

En la norma se determinó que el valor de la caución para la reposición de vehículos es de 70 millones de pesos para tracto-camión, para automotores rígidos de tres o cuatro ejes doble troque y minimulas es de 50 millones de pesos, para vehículos rígidos con capacidad de carga superior a seis toneladas es de 35 millones de pesos, para los de dos ejes con capacidad de carga superior a cuatro y hasta seis toneladas, es de 15 millones de pesos, y para los que están en el rango de tres y cuatro toneladas, 10 millones de pesos.

"Este tipo de medidas, señor Ministro, constituyen una injerencia indebida del sector público en la libre iniciativa privada, porque no atienden a los criterios legales de eficiencia y seguri-dad en el sector, sino a la presión de un grupo en particular del transporte", dijo el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, en una carta enviada a Gallego Henao el 9 de julio, antes de que se iniciara el actual paro de camioneros.